LO OBJETIVO, LO SUBJETIVO Y PABLO IGLESIAS

Con la venia, señorías:

Por medio del presente artículo, que adquirirá formulas propias de un alegato de defensa, expongo mi argumentación con la que pretendo confirmar que Pablo Iglesias contestó de forma exacta, y acertada, a la pregunta que realizara el periodista conocido como "Gonzo" en su entrevista del pasado 17 de enero de 2021 para el programa “Salvados”, programa que emite el canal de televisión "La Sexta" propiedad del grupo de comunicación Atresmedia. Más en concreto, defenderé una de las respuestas que supuso el colofón a la breve serie de cuestiones con las que el periodista solicitó al vicepresidente del gobierno que explicase la diferencia entre la calificación de “rey huido” (con referencia al caso por el que el rey emérito Juan Carlos I marchó de España cuando se descubrieron varias irregularidades fiscales, de todo tipo y cuantía, para trasladar su residencia al extranjero pese a que ni la justicia española ni el gobierno español han presentado denuncia contra él); y la definición de un “político exiliado” (con referencia a la situación que mantiene a día de hoy Carles Puigdemont, huido de la justicia española pero puesto en libertad bajo fianza por el tribunal alemán de "Scheleswing-Holstein que desestimó el delito de rebelión y no apreció la consumación del delito de alta traición en virtud de la legislación alemana"). Contestada esta primera pregunta y explicada la diferencia entre la situación y calificación de los dos personajes, a juicio de Pablo Iglesias; el periodista pasó, de inmediato, a una nueva cuestión cuya respuesta futura requería, antes de cualquier matiz y en contraste con la primera, de un "sí" o de un "no" o, de forma improbable, de un "no lo sé" o un "no responderé a su pregunta". Como si fuera el tipo de interrogatorio utilizado de forma común en un juicio, "Gonzo" solicitó al vicepresidente que estableciese si, para él, se podía equiparar como exiliado al citado Carles Puigdemont con los republicanos españoles que sufrieron exilio tras el golpe de estado del Gral. Francisco Franco.

Toda mi defensa se ceñirá a la situación que acabo de describir.

Bien. Para mi alegato recurriré a las siguientes premisas que argumentaré, una tras otra, dentro de cada apartado o en los consiguientes:

a/ El exilio republicano español se dio en todos los sectores laborales, clases sociales y líneas generacionales. Esto no implica que dichos sectores, clases y generaciones sufrieran el mismo destino lesivo. De hecho, y por citar un simple ejemplo, la clase política más reconocible y recordable del gobierno de la República logra “recomponerse” en distintos destinos (París, URSS, Checoslovaquia, México…) y no sufre la misma cantidad de penalidades que padece la amplia mayoría durante la expatriación forzada.

Por consiguiente:

b/ Esgrimir que el exilio republicano no es comparable a cualquier otro exilio por existir diferencias entre lo bélico y lo político, o por lo dañino o menos dañino para la persona exiliada (punto C de esta enumeración), implica categorizar los exilios más allá de las propias categorías existentes.

A saber:

Por un lado, se encuentra la clasificación que atiende al tipo de persecución de la cual se es víctima. Gracias a esta clasificación se establece la categoría política (persecución por motivos ideológicos), la cultural (persecución religiosa) y la militar (conflicto bélico).

Por otro lado, también existe la clasificación que depende del territorio donde obra esa defensa que es el exilio ante la persecución o la represalia. Esta clasificación incluye el “exilio exterior” y el “exilio interior” y establece diferenciación categórica debido a que toda aquella persona inhabilitada para ejercer su oficio u opinión, en su patria, por causa de estar implantado en ella un régimen totalitario, y pudiendo recibir penas de cárcel o muerte caso de incumplir la prohibición establecida; padece también la exclusión que se soporta en todo exilio sin que por ello se deba dar la pauta de la expatriación.

Estas posibilidades de clasificación comparten muchísimos nexos y, pese a ser en la bélica y en la que generan los regímenes autoritarios donde se da lo peor de ellas (y donde se aglutina en las personas la totalidad de los efectos nocivos del exilio) resultaría inmoral ponerlas en una balanza para intentar descubrir qué tipo de causa de exilio supera en grado a otra. Entendamos, como ya he apuntado, que el exilio no es un crimen sino una defensa, y flaco favor haríamos a quien protege sus derechos y su vida si graduásemos las defensas tal y como debemos graduar, y graduamos, lo pernicioso y el dolo de los crímenes que se cometen o se intentan cometer.

c/ Lo recalco: establecer una comparativa del dolor sufrido no puede suponer un elemento diferenciador para considerar la condición de exiliado. Y dicho esto, se puede establecer, en términos objetivos, que el exiliado es lo que su definición académica y el ámbito del derecho establece:

Exiliado: “Expatriado, generalmente por motivos políticos”.

No hay ni más ni menos, se es o no se es y el término no atiende a la graduación pese a estar dividido en categorías que no predominan unas sobre otras. Porque el exilio, pese a dar la oportunidad de sobrevivir a quien lo emplea, no sana el dolor sino que evita un dolor mayor. Lo peor y lo menos malo del exilio siempre entra en ese terreno, el de la subjetividad cualitativa y cuantitativa y lo hace porque el sufrimiento, como señal de los sentidos y como aspecto psicológico de los sentimientos, también es subjetivo. Ninguna persona padece del mismo modo por la misma causa.

El grado de dolor, por tanto, no elimina la condición de exilado a nadie. No podemos caer en la trampa, en el falso discurso, que, tal y como está ocurriendo tras las declaraciones de Pablo Iglesias, pretende expresar lo siguiente: “si en el el exilio no lo pasas muy mal, exageradamente mal, no eres exilado o eres exiliado, pero poco”.

Este enunciado ridículo refleja el gran efecto colateral de lo expresado por el vicepresidente y se emplea de forma constante con cientos de condicionantes que nos califican y a los que no damos importancia por no estar bañados con esas emociones que son el dolor, la añoranza y, en consecuencia, la tristeza por lo ocurrido a las personas y al propio concepto de la justicia. Estudios, trabajo, cualificación, procedencia… Un estudiante de medicina es tan estudiante como uno de educación física, un ingeniero es tan trabajador como un barrendero, un sobresaliente cum laude es una calificación del mismo modo que lo es un suspenso y quienes nacen en Extremadura son tan españoles como quienes nacen en Cataluña o en Ceuta. ¿Por qué? Porque estamos tratando de conjuntos y no de otra cosa. Gracias a ellos, a los conjuntos, seleccionamos, diferenciamos y, con solo echar un vistazo a la incesante campaña crítica originada tras la pregunta comparativa de Gonzo, caemos en trampas dialécticas. Me explico: si el periodista hubiese formulado la comparación sin buscar la celada mediática, los términos de su cuestión deberían haber sido los siguientes:

“¿Considera usted que Puigdemont padece las mismas penurias que sufrió el gran grueso de la población exilada debido al golpe de estado franquista?”

Así de sencillo. Si la cuestión hubiese sido ésta, la respuesta de Pablo Iglesias, y la de cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre la historia del exilio republicano español, hubiese sido “no”.

De este modo funcionan los conjuntos; cuantos más matices añadimos a la hora de crearlos, más selectos los hacemos, más los diferenciamos y menor es nuestra posibilidad de convertirlos en algo ambiguo. En contraposición, si los generalizamos, perdemos la especificidad, esa capacidad de ser más específicos de forma progresiva.

Al margen de esta obviedad, no podemos incurrir en esa trampa falaz porque tras ella se encuentran otros discursos semejantes a los que, imbuidos de sentimientos y no de razonamientos, abrimos amplias puertas y damos paso a discursos demagógicos (algunos ya instalados en la mentalidad colectiva) que, por poner un ejemplo conocido, aseguran que no se puede vivir con holgura siendo de izquierdas; que solo el pobre puede entender al pobre, que si el pobre escapa de la pobreza olvida su anterior condición y lucha, y que en definitiva, por emplear la misma argucia que el periodista "Gonzo", alguien con un buen sueldo no puede tener el mismo pensamiento progresista o ser tan de izquierdas como alguien con un mal sueldo.

Metodología que simula lógica, pero que solo es un trampantojo argumental.

Porque todos estos alegatos se formulan gracias al mismo artificio dialéctico de la comparativa simple, esa que pide que se determine, con un sí o con un no, si es lo mismo un gato que un león. Cuestión ésta que un personaje político de alta responsabilidad, caso de plantearse en una entrevista improbable, no debería resolver con semejante simplicidad -la del sí o el no- porque al hacerlo metería el pie en todos los cepos posibles tal y como le ha ocurrido al líder de Unidas Podemos.

d/ Por último, recordemos, y esto es importante, que una ley puede quedar establecida y no por ello ser justa desde el punto de vista ético o no atenerse a derecho en diferentes tribunales de orden superior. De hecho, y ya que estamos dando saltos en el tiempo, ¿cuántas leyes franquistas se debieron incumplir?... Hago esta pregunta retórica por no recurrir al ejemplo nazi (el más aciago de la historia de la humanidad) y a las sentencias de Núremberg que mandaban al traste toda aquella argumentación falaz de la “obediencia debida” a la que se agarraba la defensa de los jueces nazis. El principio que anulaba tal patraña es sencillo: la ética del ser humano debe prevalecer, y prevalece, sobre la redacción, imposición y aceptación de la ley. Porque sí existe algo que se sitúa por encima de las leyes concebidas por la humanidad: la diferenciación ancestral entre el bien y el mal de donde emana el propio concepto de justicia.

Llegamos de este modo al campo más peligroso de todos:

Carles Puigdemont en el ámbito de la justicia española (la cual, como sabemos, aún sigue sin renovar el más alto organismo de los jueces debido a causas que desvelan la motivación política sesgada que la corrompe de forma absoluta) es calificado como prófugo y pesa sobre él orden de detención y entrega, una especie de búsqueda y captura, aunque no es necesario buscarle pues todo el mundo sabe dónde reside: en la localidad belga de Waterloo, fuera de España y fuera de Cataluña, la que él considera su única patria.

Ya de arrancada, que se conozca hasta la dirección de su vivienda actual y que aún así no sea detenido por la justicia española, la cual, en el sumun del despropósito, retiró la única denuncia por la que el tribunal alemán había admitido la extradición de Puigdemont (la de malversación de fondos); debería situarnos en el contexto de la realidad, el que es y no el que tanta gente desea que sea. ¿Por qué se da esta situación tan llamativa? ¿por qué no se presentan unas personas uniformadas mostrando papeles, órdenes y sentencias de los juzgados españoles y lo detienen? Como de costumbre, la respuesta más sencilla acude para solucionar estas cuestiones: porque no pueden. Y no pueden porque existe un tribunal europeo que mantiene que lo dictaminado por el sistema judicial español en lo que toca a las acusaciones a Carles Puigdemont por delitos gravísimos como el de rebelión y el de traición, no se sostienen en el ámbito legal europeo. Y, pese a esto, el político catalán no puede regresar a su país, o a su patria, o a su hogar, o a su trabajo, o al desempeño de sus funciones intelectuales porque sería detenido y encarcelado del mismo modo que detenidos y encarcelados se encuentran los conocidos como “presos del procés” desde hace años.

Imagino que, a estas alturas, ya no es necesario que recuerde las claves que definen como exiliado a un individuo… Son las mismas que se deben aplicar al antiguo presidente catalán sin lugar posible a la duda. Por lo tanto, y de forma categórica, Pablo Iglesias acertó al equiparar al exiliado Puigdemont y a los exiliados republicanos españoles en la entrevista que concedió al programa "Salvados". No solo acertó Pablo Iglesias, acierta la lógica, la teoría de conjuntos, la RAE y, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus definiciones de cada categoría de exilio...

Señorías, ya concluyo, pero antes quisiera recordar a los presentes, antes de abandonar la sala, la variable tipificada como “exilio interior” que he comentado con anterioridad. Es imprescindible que no olvidemos que esa triste realidad también existió tras la victoria de los golpistas en España: el exilio republicano español no solo se vivió fuera, también se vivió dentro; y si tuviésemos la tentación de volver a valorar penalidades, tristezas y todo tipo de injusticias criminales llevadas a cabo en España durante un cómputo de cuarenta años, quizá muchas personas que se han sentido agraviadas por la afirmación de Pablo Iglesias volverían a coserse las vestiduras.

GRAJOS

Me guardaba este título.

Debido al acervo popular, al eterno poema de Edgar Allan Poe y a que se trata de un ave que aúna en sus características físicas y protocolarias todo aquello que suele dar grima al ser humano; pretendía cubrir con él ─con ese mal aura que poseen los cuervos─ un relato autobiográfico sobre la que fue mi relación, durante mi infancia y adolescencia, con la iglesia católica y con sus representantes más cercanos: los curas y sacerdotes.

Una relación innecesaria, obligatoria e incoherente que bien puede hacer las veces de metáfora o establecer similitudes con la historia de los ciudadanos de cualquier país, en cualquier época y bajo el yugo mitológico de cualquier credo.

No sé si recuperaré este título ─en singular─ para narrar la historia que sufrí bajo el mando de uno de ellos, un sacerdote castrense, que, desde años antes a la fecha en que mis padres me ingresaran en el internado militar donde cursé estudios de bachillerato, ya recibía de las voces escondidas de los niños ─de los alumnos de aquella institución─ el sobrenombre de “El grajo”. Éste ha sido, con diferencia, el mejor mote colocado a personaje que yo haya conocido. Sin duda cumplía, de forma plena, con el requisito principal que requiere cualquier apodo: la abstracción. Definir el todo del individuo con un único concepto resulta complejo. Es por esta razón que los motes suelen atender tan sólo a una característica de la persona a la que pretenden renombrar y, por lo general, no logran abarcar la totalidad de sus rasgos físicos, intelectuales y psicológicos. Pero, como digo, en el caso de este personaje real, su apelativo completaba todas las fases que precisa una buena descripción. Tanto es así que el mal agüero de este hombre pájaro, las características del cuervo, el aura maligna a la que me refería al inicio de este texto; lo cubría de tal manera que, con toda seguridad, el apodo no dejó de él ni la reminiscencia de su verdadero nombre.

Pues bien, hoy he decidido gastar este título y el relato que le correspondía por una razón que considero justa: apoyar a Rita Maestre ─portavoz de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid─ no sólo para evitar que dimita de su cargo (algo que la propia implicada ha manifestado que no va a hacer) sino para explicar porqué no debe hacerlo ni ella ni nadie que se vea en su misma situación. No sé si mis escritos pueden servir para algo en este sentido, pero mis palabras, o los vídeos que realizo, son mi forma de tomar partido, de mancharme, intentando llegar con mis ideas a otras personas, a otras mentes, en busca de un remedio que aplaque esta sangría que sufre la democracia en mi país.

Al grano:

Resulta que, gracias a la que sigue siendo una acción de hostigamiento a la plataforma ciudadana “Ahora Madrid” (que desde el día 13 de junio rige la alcaldía de la capital de España), se requiere la dimisión de esta mujer, se pide que Rita Maestre abandone su cargo. ¿El motivo? La fiscalía de Madrid solicita para ella una pena de un año de cárcel por un acto contra los sentimientos religiosos que, para ser más concreto, vino a ser una acción de protesta en el interior de la capilla de la Universidad Complutense de Madrid.

Esto hecho que relato ocurrió en el año 2011 pero el grupo que lidera la oposición ─Partido Popular (PP)─ y el que no se opone tanto ─Partido Socialista de Madrid (PSM)─ no atienden a fechas lejanas ni al hecho contundente de que, en aquellos años, ni la imputada ostentaba cargo público alguno, ni su acción tenía algo que ver con el puesto que ocupa ahora. Como digo, sin atender a razones, ambas fuerzas políticas han hecho suyo el condicionante ético por el cual cualquier cargo político, imputado por la justicia, está obligado a dimitir; una máxima que fue estandarte de campaña tanto de la formación “Podemos” como de las plataformas ciudadanas que se presentaron a las pasadas elecciones. Así es: PP y PSM ─atacados de un fervor ético que les impide ver vigas carcomidas en sus propios ojos─ se tiran ahora a la piscina de pedir dimisiones por cualquier causa, aunque ésta no tenga nada que ver con los casos de corrupción que es, en definitiva, de lo que iba dicha máxima.

Dado que existen vídeos que describen lo que ocurrió durante el acto de protesta feminista en el que participó Rita Maestre, dejo aquí el correspondiente enlace a uno de ellos y prosigo con mi disertación.  

Para empezar, entro a empujones en el absurdo tejemaneje de esta imputación al tratar ─lo pendiente de resolución judicial─ de una acción contra la Iglesia Católica, la portentosa secta global que tanto hace por ocultar sus vergüenzas a los ojos de la justicia aunque, por fortuna, la historia y el dolor causado no las permiten mantenerse bajo tierra. Por mucho que sus prelados y acólitos blanqueen huellas y sepulcros, la mugre y la putrefacción siempre rezuman. Y esto que manifiesto, que en apariencia es un juicio de valor, se puede constatar con facilidad mediante el estudio e investigación de las actividades de esta congregación. Es más, constituye la piedra sobre la que edificaré mi argumentación.

Continúo:

Como digo, me parece absurdo todo este vericueto legal apoyándome en dos fundamentos que se complementan y que intentaré explicar:

Aunque hace cuatro años aún no se hubiese aprobado la dictatorial y carcelera “Ley Mordaza” (que a partir del 1 de julio de 2015 penalizará en España cualquier acción de protesta pacífica a nada que alguien ─sea violador, gánster o político corrupto─ pueda sentirse ofendido por efecto de la misma); en el momento en que se produjeron los hechos, la iglesia católica atentaba contra tantos derechos en este país aconfesional, se pasaba bajo los faldones tanta jurisprudencia civil y miraba para otro lado ante tanto derecho canónico; que lo natural, lo cívico, lo moral; era protestar, bien alto, por mucho que a cualquiera que llevase a cabo dicha protesta se le pudiera acusar de haber cometido un delito. 

Ahora bien, es en este punto, el del delito, donde debemos hacer parada y fonda ya que, si analizamos este supuesto quebrantamiento de la ley ─“la acción contra los sentimientos religiosos”─, entramos en la paradoja legal que vengo advirtiendo.

Me explico:

Debido a que el estado español es aconfesional, y así lo determina la constitución en su artículo 16 sobre derechos y libertades, debemos entender que la religión mayoritaria en España, es el laicismo. Puede que algún lector me conteste que no profesar ninguna religión no se puede considerar un modelo de creencia espiritual. Pero yo no estoy de acuerdo y creo que nadie debería estarlo. La amplia mayoría de la población española posee un modelo de creencia espiritual aunque para tenerlo no precise de un mito todopoderoso, flamígero, antropomórfico y aviario: creemos de forma profunda y estudiada en la libertad del individuo y nuestra biblia es un manual elástico, consensuado e inclusivo, que se llama Constitución Española. Y la Iglesia Católica, al contrario que las jefaturas de muchas otras confesiones, no cesa de cometer agravios contra ese sentimiento religioso mayoritario, sin que nadie, ningún fiscal, haya llegado a denunciar jamás al clero por esta acción constante que, por lo tanto, deviene en costumbre. A este respecto, el de la costumbre, nuestro código penal abre un sinfín de interpretaciones y una de ellas es el principio "Costumbre secundum legem" que integra o completa los principios de una norma jurídica. De ahí que si la práctica, delictiva y manifiesta, de la Iglesia Católica ─en lo que concierne a su acción contra los sentimientos religiosos de la mayoría de los españoles─ nunca fue penada; tampoco, por costumbre, debe ser objeto de delito cualquier acción contra los sentimientos religiosos de la propia Iglesia.

Pero dejemos esta hebra en manos de jueces y abogados pues no es más que eso, un fleco de los muchos que tiene este galimatías jurídico que, sin otra opción en un estado de derecho, concluye en otro: el derecho de libre manifestación y protesta, un derecho que está reventando de forma paulatina y que debemos recuperar sea como sea.  

Compruebo, al releer este texto, que vengo hablando en pasado aunque, como bien sabemos, debería utilizar el presente siempre y cuando me refiera a la jefatura de esta congregación tan obscura como obscena. De poco me sirve que se me diga que el nuevo pontífice tiene el propósito de hacer limpia en su seno, salvo para ratificar que gracias a ese gesto, hasta él mismo, el vicario de Cristo en la tierra, es conocedor de cuanto se urde en la Santa Sede y en sus ramificaciones arácnidas; ese templo que, a nada que unió destino con las postrimerías del imperio romano, recuperó las formas antiguas de cualquier religión precedente, abandonó la enseñanzas de sus guías espirituales y volvió a convertirse en guarida de criminales y mercaderes hasta el día de hoy.

Allá cada cual con sus creencias y con las conclusiones que extraiga de la historia, de los hechos y de su libre interpretación…Pero, claro está, cuando este lobby religioso, en pleno siglo XXI, sigue interfiriendo en las políticas sociales y económicas que afectan a una sociedad plural; sigue practicando un filibusterismo que corrompe las libertades de un estado y de sus habitantes; sigue intentando imponer su fe a golpe de hoguera electoral y, para colmo de esta incongruencia, sigue lanzando soflamas que agreden, con sólo su mención, a cualquier colectivo que, según su criterio ambiguo, les parezca amoral acusándolo de barbaridades con tal de proscribirlo; no queda otra que acudir a la ley y a la justicia para lograr detener sus acciones.

Pero, una vez más en España, es en ese punto del proceso legal donde todo falla. Porque en este país la Iglesia Católica tiene patente de corso. Nada se puede hacer contra sus delitos. Sobre las mesas de los despachos de policías, fiscales y jueces existen denuncias terribles que así lo atestiguan y que no llegarán a ningún destino concreto. Dios es el único juez de esta banda criminal que, según parece, tiene en nómina al supuesto ente omnipresente.

¡Ojo! Cuando hago estas acusaciones a la Iglesia Católica, no hablo de su feligresía que ─víctima de un lavado de cerebro milenario─ bastante tiene con no ver en estos asuntos más allá de sus narices. Hablo de los jerarcas, de esa estructura de poder piramidal y, en mi discurso, abarco desde el primer cura hasta el último obispo. Y abro todo ese abanico porque, en verdad, de entre todos, aún aquellos que se creen inocentes y deciden que se tienen bien ganado el cielo, viendo ciegan, escuchando callan, descubriendo ocultan y, en su intentona por sanear, entierran. Todos, sin excepción, son culpables del pecado de omisión y lo que omiten es muy grave, es abominable. Poseer el sacramento de la confesión para eximirse de cualquier responsabilidad como testigo, administrar esa justicia suya de la penitencia mediante rezos y fustigaciones, y tener la posibilidad de conceder el perdón, así, por las buenas; no hace sino certificar que es una religión que ampara la ley del silencio, la omertá. Reto a cualquier lector a que me presente un caso en el que un criminal se haya entregado a la justicia debido a que su párroco le indicó, tras escucharlo en confesión, que eso es lo que debía hacer para expiar sus pecados. Me da que, caso de encontrar alguno, se tratará de un delincuente de poca monta.

Prosigo:

A la sociedad libre, variopinta y díscola ante los preceptos mitológicos, no le queda otra que el activismo político y social; no le queda otra que criticar la acción de este estamento instaurado en el poder no por tradición (que también) sino por la fuerza de una masa captada, señalada y guiada ─desde el mismo día de su nacimiento─ para que se postre y admita cuanto se les diga desde un púlpito. Una masa que callará si se lo manda el párroco de turno, que comulgará con ruedas de molino si así lo dictamina un arzobispo y que prestará su apoyo electoral a candidatos políticos según lo promulgue la archidiócesis que corresponda. Pensadlo y convendréis que es éste el verdadero populismo, el que emana del mito, el que da soluciones en el más allá estipulando y convenciendo a la población crédula de que, el paseo por el más acá, no es más que un sendero de espinas por el que el rebaño del Señor debe caminar sumiso hasta el matadero. Una receta magistral para controlar a millones de fieles que, debido a una lectura condicionada de los evangelios, no caen en la cuenta de que ese mensaje de sometimiento ante la injusticia y el dolor, nunca formó parte del Nuevo Testamento. Y es que, aún dando por cierta la recopilación de los hechos narrados en los Evangelios, una cosa es que Jesús en el “Sermón de la montaña” denominara como bienaventurados a los que sufren, porque ellos verían a Dios, y otra, muy diferente, es que exhortara a sus discípulos a que, de forma voluntaria, se lanzaran a pasar las de Caín. Todo lo contrario. En ese sentido, si en algo abunda el texto es en la confraternización, en la necesidad de ser honesto, en la lucha por la justicia social; Jesús, en el mismo sermón, habla mucho más de los perseguidos y de los que tienen sed de justicia.

Y es precisamente eso, sed de justicia, lo que buscaron y por lo que luchan tanto Rita Maestre, como sus compañeras de protesta, como gran parte de la ciudadanía: una justicia que no llega pero que se debe revolucionar para que, en este estado, las libertades puedan caminar solapándose sin problema alguno. Es precisamente por eso por lo que no debe dimitir Rita Maestre porque, de hacerlo, quedaríamos condenados todos los que hemos luchado, de forma veraz y contundente, por cambiar la forma de vivir y sentir la democracia, la forma de equilibrar esta sociedad de forma justa.

Nuestra libertad no termina donde comienza la de los demás. Ese silogismo es una falacia puesto que su argumento deriva, sin más. en choque, en conflicto. Nuestra libertad debe avanzar con la de los demás, en paralelo, sin cruces ni confrontaciones; sin intrusiones legales sobre el cuerpo y voluntad de cada mujer; sin invasiones en el ámbito de la cultura y educación de nuestros hijos e hijas; sin oscurantismo y diferenciación de la fiscalidad; sin permanencia en los estamentos de gobierno; sin intervención en la ecuanimidad de la justicia.

Cada vez que en estos tiempos nuevos ─por presiones encaminadas a cumplir una vieja estrategia de desgaste─ un activista sea cuestionado por acciones no violentas; sea juzgado por la lucha pacífica para evitar el uso de las apisonadoras del poder; o sea eliminado del juego político por su posición en los muchos frentes que se han abierto a lo largo de estos años de expolio; se dará un paso atrás inadmisible que no sólo borrará sonrisas, borrará la libertad de elegir nuevos caminos, nuevas soluciones. Y respecto a eso de dar pasos atrás para hallarlas, no nos queda otra que citar al "divino Edgar" y gritar:

“Nevermore”…